Después de un par de años de anuncios, el Gobierno presenta por fin el publicitado Fideicomiso Ciego. A través de una reforma constitucional que haría obligatorio para el Presidente de la República y otras autoridades hacer públicos sus patrimonios, transferirlos e incluso venderlos, se pretende transparentar los patrimonios, intereses y bienes de autoridades públicas.

Es un secreto a voces que este proyecto tiene un destinatario: el candidato presidencial de la Alianza. Aún así esta propuesta debe ser analizada en su mérito, sin prejuicios y pensando que ella debe facilitar la transparencia en el actuar de las autoridades.

Resulta obvio que es un sano objetivo conocer los intereses y patrimonios de los servidores públicos; con ello se impide la negociación incompatible, el conflicto de intereses y eventualmente el enriquecimiento ilícito. Así también la opinión pública puede ejercer un legítimo derecho de estar informada con respecto a sus representantes populares o funcionarios de gobierno, ejercer fiscalización y transparentar situaciones dudosas. Lamentablemente el proyecto del Gobierno de manera contradictoria prohíbe informar con respecto al contenido del fideicomiso.

Además se trata de una ley que establece un fideicomiso ciego y obligatorio, no voluntario, la cual exige traspasar la administración patrimonial e incluso va más allá obligando en algunos casos a deshacerse de ciertos bienes.

Desde ya queda claro que tiene efectos expropiatorios, peor aún cuando las personas afectadas se mantienen en sus cargos, sean estos por elección o designación durante un tiempo y no de manera permanente durante su vida.

Me gusta mucho todo lo que sea avanzar en transparencia. En ese sentido promover este tipo de legislación apunta en el sentido correcto y es un avance para quienes hemos sostenido en el tiempo que es mejor saber quién es quién y qué tienen a su haber, en vez de enterarse de sociedades o negocios a través de comisiones investigadoras de la Cámara, como hemos visto los últimos tiempos. Me resulta preocupante eso sí este proyecto en particular, pues sus características pueden inhibir que personas como empresarios y emprendedores ingresen al servicio público, o los busquen sacar de la escena pública a través de tanta norma que les haga imposible participar: soy de las que prefiere la autonomía en materia económica de los actores públicos que financistas intentando influir a través de políticos. Es de esperar que durante la tramitación este proyecto retome su espíritu original y no termine convertido en una ley que impida que gente que podría aportar en política sea impedida de hacerlo.